La Junta reorganiza la Formación Profesional para el Empleo con un modelo adaptado a las demandas del mercado laboral
Mayor coordinación con el sistema educativo e introducción de certificados de profesionalidad homologables a la FP reglada, principales novedades
La Junta de Andalucía reorganizará la Formación Profesional (FP) para el Empleo con el fin de implantar un modelo más flexible, ajustado a las demandas de las empresas y coordinado con el sistema educativo. Así se recoge en el decreto, elaborado por la Consejería de Empleo y aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que integra las actuales FP Ocupacional (para desempleados) y Continua (para trabajadores en activo), además de mejorar su coordinación con la FP Inicial o reglada (la del sistema educativo).
Junto con ello, y a iniciativa de la Consejería de Educación, el Gobierno andaluz también ha aprobado el decreto regulador de los denominados Centros Integrados de Formación Profesional, donde se podrán impartir las dos modalidades y que comenzarán a funcionar este curso.
La primera de estas normas sustituye a la vigente desde 1997 y, además de fusionar las modalidades ocupacional y continua, incorpora dos novedades relevantes: la adaptación de la planificación de cursos a las necesidades del tejido productivo de cada territorio y la introducción de los Certificados de Profesionalidad, que reforzarán el reconocimiento de estas acciones formativas con la posibilidad de su convalidación por módulos de la FP reglada.
Respecto a la planificación, el nuevo modelo sustituye el actual sistema de convocatoria anual de cursos (en el que las entidades colaboradoras presentaban sus propuestas) por otro de varias convocatorias al año en las que la Consejería de Empleo detallará qué especialidades pueden promoverse en cada territorio para el desarrollo de los cursos. Estas especialidades serán fijadas por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a través de su Sistema Argos de Prospección Permanente del Mercado de Trabajo, dependiendo del tipo de oferta laboral existente en cada una de las 45 áreas territoriales que componen la red de servicios de la Consejería de Empleo.
La otra novedad destacada es la regulación de los Certificados de Profesionalidad, figura creada recientemente por la legislación estatal. Estas titulaciones acreditan con carácter oficial las competencias adquiridas en los cursos, se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales y pueden ser homologadas con módulos de la FP reglada del sistema educativo.
La norma aprobada por el Consejo de Gobierno mantiene las actuales becas en concepto de transporte, manutención y alojamiento para desempleados beneficiarios de los cursos e introduce nuevas ayudas para conciliar vida laboral y familiar, destinadas a alumnos que tengan a su cargo menores de seis años o familiares dependientes con discapacidad de segundo grado. Las cuantías de estas últimas se establecerán en una posterior orden de desarrollo.
Además de los distintos cursos que se programan, el decreto incluye como acciones de Formación Profesional los cursos con compromiso de contratación; los programas públicos de empleo y formación en los que se combina la práctica profesional con el aprendizaje, y las acciones de investigación e innovación para mejorar la calidad y eficacia de los contenidos.
Además de la actividad docente, los centros desarrollarán funciones de acreditación de las competencias profesionales de los trabajadores e incluirán servicios de información y orientación laboral, tanto para aquellos jóvenes que comienzan sus estudios postobligatorios de FP como para trabajadores sin titulación oficial, con el fin de ofrecer una formación “a la carta” ajustada a las necesidades de cada alumno. Asimismo, mantendrán un contacto permanente con el sistema de prospección del mercado de trabajo y con el entorno productivo para la actualización y adecuación de la oferta de enseñanzas a las demandas formativas de las empresas.
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